El acuerdo comercial recíproco entre Ecuador y Estados Unidos no es solo una lista de exoneración de aranceles. En su arquitectura jurídica, hay compromisos que van mucho más allá de los impuestos fronterizos.
En la sección quinta que refiere sobre economía y seguridad nacional en su Artículo 5.1, se señala lo siguiente:
«Cuando Estados Unidos imponga un arancel aduanero, cuota, prohibición, tasa, cargo u otra restricción a la importación de un bien o servicio, Ecuador regulará, de conformidad con su legislación interna pertinente, la importación de dicho bien o servicio a su territorio mediante medidas que tengan un efecto similar a las de Estados Unidos, con el fin de abordar preocupaciones comunes en materia de economía y seguridad nacional.»
Según José Hidalgo, director general de la Corporación de Estudios para el Desarrollo (Cordes), esto implica algunos renunciamientos.
“Lo que le convenga a Estados Unidos no siempre es lo mismo que le conviene al Ecuador. Entonces, es difícil entender por qué un país sometería una parte de su política comercial a las decisiones de un tercer país”, comentó.
Otro de los aspectos que llama la atención está contenido en el Anexo 3, en el Artículo 2.14, que dispone a Ecuador lo siguiente en materia laboral:
Reducir el número mínimo de trabajadores para formar sindicato.
Permitir y proteger la formación y el registro de sindicatos sectoriales y de rama.
Simplificar los requisitos de registro sindical.
Eliminar el requisito de nacionalidad ecuatoriana para ser miembro del comité de empresa.
Prohibir y sancionar la discriminación antisindical.
Y en la conversación con sectores empresariales, Cordes recoge algunos temores.
“Hay que tomar en cuenta que en cualquier acuerdo comercial hay riesgos y oportunidades. Lo ideal es que siempre las oportunidades de un acuerdo sean mayores que los riesgos y por lo tanto la economía en su conjunto termine ganando. En este caso no parece ser así, parece que los riesgos de aplicar este acuerdo son más que las oportunidades”, señala Hidalgo.
Aquí es donde surge una pregunta que no se respondió al inicio de la negociación de este acuerdo y que una vez suscrito, tampoco se resuelve. Y es: ¿con qué sector productivo dialogó el Gobierno antes de firmarlo? Todavía no hay respuesta.