El concejal de Quito, Wilson Merino, acudió a la Fiscalía General del Estado para presentar una denuncia formal en contra del Alcalde, Pabel Muñoz por ser responsables por el supuesto delito de peculado dentro del proceso de compra de los 60 trolebuses eléctricos el 20 de enero de 2026.
Merino sostuvo que su acción se apoya en el informe DNA6-EP-0003-2025 de la Contraloría General del Estado, emitido el 10 de diciembre de 2025. Ese documento incluyó predeterminaciones administrativas y civiles, además de indicios de responsabilidad penal dentro del proceso de contratación de los trolebuses.
El edil indicó que hace 10 meses alertó sobre un esquema de triangulación ilegal en la adquisición de estas unidades y pidió respaldo ciudadano tras lo que describió como amenazas e intimidaciones vinculadas con este caso.
El concejal, en una corta intervención, dijo que recibió amenazas de muerte, actos de intimidación y persecución tras impulsar este caso. Añadió que espera un incremento de estas presiones luego de la presentación en Fiscalía.
Asamblea fiscaliza a Pábel Muñoz por este caso
La mayoría Legislativa liderada por el oficialismo ADN, logró tener los votos necesarios (79) para fiscalizar al alcalde de Quito, Pabel Muñoz, por los procesos de contratación pública y gestión administrativa vinculados a la compra de 60 trolebuses eléctricos.
La decisión exige a la Comisión Especializada Permanente de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana que inicie un proceso integral de fiscalización sobre el accionar del alcalde y de las autoridades de las empresas públicas metropolitanas involucradas en la adquisición.
Asimismo, la resolución estipula que se emita la resolución al Concejo Metropolitano de Quito y al Alcalde Metropolitano para los fines legales correspondientes. El Pleno precisó que el proceso se sustenta en las atribuciones de fiscalización y control político que reconoce la Constitución a la Asamblea.
También aclaró que el control no invade competencias de otras funciones del Estado y se enmarca en la revisión de decisiones administrativas y contractuales adoptadas desde el ámbito municipal. (I)