La ONG Provea alertó este miércoles sobre el «abuso crónico» de la figura de estado de excepción en Venezuela, luego de que el Gobierno anunciara un decreto de conmoción exterior ante la «amenaza» que, insiste, representa el despliegue de Estados Unidos en el mar Caribe, donde ese país mantiene una flota militar bajo el argumento de combatir el narcotráfico.
«El abuso crónico de la figura de estados de excepción se ha extendido a lo largo de los últimos 10 años, convirtiendo la excepcionalidad en cotidianidad para afianzar el control social sobre la población», indicó la organización en su cuenta de X.
En este sentido, subrayó que en 2015 el Ejecutivo venezolano «promulgó ocho estados de excepción, que afectaron a 26 municipios en cuatro estados fronterizos» ante la «presencia -añadió- del paramilitarismo, narcotráfico y contrabando de extracción».
Para Provea, esto «dio pie a la criminalización y estigmatización de centenares de pobladores fronterizos, quienes fueron acusados de ‘bachaqueros (revendedores de productos básicos), contrabandistas y traidores a la patria’».
En este contexto, mencionó que efectivos militares «fueron acusados de la presunta comisión de más de 19 asesinatos de indígenas, decenas de víctimas de torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes» en el estado Zulia y, además, señaló que en Táchira hubo «desplazamiento forzoso, hacía Colombia, de más de 20.000 personas que huyeron de la violencia».
A partir de mayo de 2016, Venezuela fue «sometida a un continuado e inconstitucionalmente prorrogado ‘estado de excepción y emergencia económica’» que, según la ONG, «usurpó las funciones del Parlamento venezolano», entonces controlado por la oposición, y «brindó una ‘legalidad’ paralela a la Constitución».