Las tarifas eléctricas que rigen desde el 1 de julio para los segmentos de consumo de medio voltaje (MV) y de alto voltaje (AV1) han significado un alza promedio aproximado de 25 % y 29 %, y puede llegar al 35 % en ciertas franjas horarias, según el Comité Empresarial Ecuatoriano (CEE).
A los dos meses de regir la medida, el titular del gremio, Juan Carlos Navarro, comenta el impacto que ha registrado en el sector y las principales complicaciones de las empresas del segmento de consumo AV para implementar su propia generación de energía, cuyo plazo es de 18 meses y que empezó a correr desde el 1 de julio.
En junio pasado, el Gobierno anunció el ajuste de las tarifas eléctricas en los segmentos de consumo AV1 y MV. No se incluyó al sector residencial.
La tarifa del grupo AV1 pasó de un precio medio de $ 0,0791 por kilovatio hora (kWh) a $ 0,1022 por kWh. Mientras que para los consumidores del segmento MV subió de $ 0,0927 por kWh a $ 0,1164 por kWh.
Navarro comenta que la subida de la tarifa eléctrica no fue solo para el sector industrial; lo fue también para el comercial. “Esta se dio a partir de los consumos del mes de julio, es decir, medio y alto voltaje. En esta última está únicamente la AV1, ya que la AV2 sufrió un incremento desde enero”, dice.
Comenta que el incremento promedio aproximado es del 25 % para los de MV y del 29 % para AV1 a nivel nacional; aunque, en el caso de empresas distribuidoras, como Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) Guayaquil, el incremento llega a estar entre 31 % y 35 %, dependiendo de la franja horaria; es decir, el impacto de la subida será distinto, según el horario en el que se concentre el consumo.
Dentro del segmento industrial, los AV1 y MV representan el 94 % del consumo; y en el segmento comercial representan el 41 %. El número de consumidores AV1 es de 167; y el MV es de 39.550, dice el presidente del CEE citando datos del Ministerio de Energía a nivel nacional.
Asimismo, comenta que los tipos de consumidores del sector privado involucrados en el incremento son del segmento industrial y el comercial, los cuales representan en su conjunto el 36 % del consumo y el 34 % de la facturación, según datos del 2024 de la Agencia de Regulación y Control de Electricidad (Arconel).
Agrega que el resto (que no tienen subida en la tarifa) son los usuarios residenciales (43 %), los de bajo voltaje (15 %) y otros consumidores (6 %).
Implementación de autogeneración y sus desafíos
El 15 de junio, a través de un decreto ejecutivo, el presidente Daniel Noboa dispuso que las empresas del segmento de consumo AV implementen su propia generación de energía.
El presidente del CEE comenta que el plazo empezó el 1 de julio, a pesar de que solicitaron al entonces viceministro de Electricidad y Energía Renovable, Fabián Calero, que se aplazara por lo menos tres meses su inicio hasta que se hubieran implementado las normas para su aplicación.
Explica que las empresas AV2 que son las de mayor consumo son cinco: están las mineras, acereras y Petroecuador. “Estas prácticamente están listas para cubrirse en el 100 % con autogeneración, pero no necesariamente de forma permanente, es decir, 24 horas al día, sobre todo las acereras”, sostiene.
En el caso de las AV1, dice que de los 167 consumidores, según un sondeo que hicieron desde la Cámara de Industrias de Guayaquil, podrían autoabastecerse en promedio hasta en un 45 % de su demanda, aunque no las 24 horas, dependiendo de su naturaleza productiva. “Las principales complicaciones tienen que ver con limitaciones físicas, técnicas o financieras, y con el poco tiempo para implementar todo”, afirma.
Dice que, si bien el artículo 32 busca incentivar la autogeneración y mejorar la eficiencia en el uso de la energía, para las empresas su implementación plantea importantes desafíos.
Comenta que existen limitaciones técnicas y de infraestructura, ya que no todas las industrias cuentan con el espacio físico ni con la capacidad tecnológica para instalar sistemas de generación propios. A esto suma el alto costo financiero inicial de las inversiones requeridas, que en muchos casos no pueden ser recuperadas en el corto plazo.
Señala que otro obstáculo es la incertidumbre regulatoria, pues las normas de aplicación aún no están completamente claras ni armonizadas con la realidad operativa de los sectores.
Finalmente, dice que el tiempo asignado de 18 meses resulta insuficiente para que muchas compañías puedan planificar, financiar, adquirir e implementar equipos de generación, lo que genera riesgos de incumplimiento y sanciones. “Más allá de la voluntad del sector privado, el éxito de la medida dependerá de que el Estado asegure reglas claras, mecanismos de apoyo financiero y plazos realistas que permitan a las empresas cumplir sin comprometer su competitividad”, apunta. (I)