El Pleno de la Asamblea Nacional, en Quito, aprobó este martes, 19 de agosto, en primer debate, la Ley Orgánica de Transparencia Social («Ley de Fundaciones»), cuarto proyecto enviado el 29 de julio como urgente en materia económica por el presidente reelecto, Daniel Noboa.
Valentina Centeno, asambleísta oficialista, advirtió sobre casos en los que organizaciones sociales sin fines de lucro han sido utilizadas por estructuras criminales para actividades como el lavado de dinero, narcotráfico, minería ilegal y corrupción.
El proyecto busca establecer un marco legal que permita prevenir, identificar y controlar movimientos irregulares de capitales, tanto de personas naturales como jurídicas, con especial énfasis en las organizaciones sociales.
Centeno subrayó que las economías ilegales generan alrededor de 30.000 millones de dólares al año en el país y alertó sobre su creciente presencia en la vida económica, social y comunitaria.
Indicó que la normativa pretende impedir que ciertas organizaciones sociales sean empleadas como mecanismos para cometer delitos.
Inclusión de reformas tributarias
Según datos de la Fiscalía General del Estado (FGE), también se ha detectado el uso de organizaciones comunitarias como fachadas para canalizar fondos ilícitos, así como la entrega de donaciones cuantiosas que luego son desviadas mediante empresas fantasmas.
El parlamentario por el Partido Social Cristiano (PSC6), Alfredo Serrano, respaldó la necesidad de cerrar todas las rutas que favorezcan el lavado de activos vinculado al narcotráfico, aunque criticó que se contemple la posibilidad de reabrir casinos, ya que considera que esto podría tener el efecto opuesto.
Gustavo Mateus, asambleísta correísta, reconoció el valor del proyecto como herramienta contra el lavado de dinero, pero expresó su preocupación por la inclusión de reformas tributarias que, en su opinión, no guardan relación directa con el objetivo principal de la ley.
Señaló que la propuesta otorga nuevas competencias a la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.
Durante la discusión, se hizo énfasis en que la mayoría de organizaciones sociales realizan actividades legítimas y han contribuido de manera significativa al desarrollo nacional.
Segundo debate
Otros temas que surgieron en el debate incluyeron la situación de las poblaciones fronterizas, quienes solicitan un Impuesto al Valor Agregado (IVA) diferenciado, la necesidad de alinearse con los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Hablaron sobre la clasificación de organizaciones según su nivel de riesgo, la extensión de los plazos para el registro en el sistema, la creación de una base de datos unificada, el monitoreo de donaciones a fundaciones y el control de cuentas, entre otros.