En Zamora Chinchipe crece la preocupación entre los pacientes renales ante el anuncio de una posible suspensión del servicio de hemodiálisis, debido a la falta de recursos económicos para su operación.
Rodrigo Palma, representante de los pacientes, informó que el 11 de agosto, durante una reunión con directivos de la clínica, se les comunicó que la continuidad del tratamiento es insostenible. La situación se debe a deudas acumuladas del Ministerio de Salud Pública y del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que ascienden a 19 y 14 meses respectivamente.
Según Palma, esta crisis ha provocado la falta de insumos médicos esenciales y ha afectado incluso al personal de salud, que continúa laborando pese a no recibir sus remuneraciones mensuales.
El vocero hizo un llamado urgente al presidente de la República, a los ministerios de Salud y Finanzas, a la Dirección Nacional del IESS y a las autoridades provinciales —incluida la Gobernación, asambleístas, Defensoría del Pueblo, Prefectura y alcaldías— para que intervengan y se evite lo que califica como una “catástrofe” para quienes dependen de este servicio vital.
Por su parte, Santiago Ochoa, ciudadano y activista, hizo un llamado urgente a autoridades, medios, organizaciones sociales y ciudadanía para exigir la asignación inmediata de recursos al sistema de diálisis en Loja. Advirtió que, sin pagos, los pacientes enfrentarán un riesgo inminente de muerte.
Ochoa alertó que, mientras otros centros del país han recibido desembolsos, Loja ha sido excluida, lo que ha llevado a considerar medidas extremas como la reducción del tiempo de diálisis, la atención en horarios de madrugada o el traslado de pacientes a otras ciudades, acciones que —según afirmó— “estarían acabando con sus vidas”.
La diálisis es indispensable para pacientes con insuficiencia renal crónica, y su interrupción vulnera derechos constitucionales fundamentales, lo que agrava la preocupación ciudadana ante este posible cese del servicio