Entre la tarde y noche del pasado martes, 15 de julio, llegó a la Corte Nacional de Justicia (CNJ) las garantías que Ecuador solicitó a Estados Unidos para avanzar en el proceso de extradición hecho por la justicia estadounidense en contra de Adolfo Macías Villamar, alias Fito, cabecilla del grupo de delincuencia organizada Los Choneros.
El 11 de julio último se dio en la Corte Nacional, en Quito, la primera diligencia en este proceso, denominada audiencia de procedencia. En esa audiencia, Macías Villmar aceptó la extradición propuesta desde Estados Unidos por el fiscal del Distrito Oeste de Nueva York, Joseph Nocella, quien firmó el docume
Alias Fito es acusado en territorio estadounidense por delitos de conspiración para la distribución internacional de cocaína, uso de armas de fuego para promover el narcotráfico, contrabando de armas de fuego desde Estados Unidos y conspiración para la compra de armas de fuego a través de testaferros.
Con la aceptación de Macías Villamar se abrió la posibilidad de una extradición simplificada, lo que significa que el proceso se acorta en lo que tiene que ver con los tiempos, pero se mantienen las exigencias en cuanto a los requisitos. Inmediatamente se conoció la aprobación de alias Fito a la extradición, desde la presidencia del más alto órgano de justicia ordinaria del país, a cargo de José Suing, se hizo la solicitud de garantías a Estados Unidos.
Justamente sobre eso versan las garantías solicitadas a Estados Unidos y enviadas a Ecuador, es decir, en el documento entregado a José Suing se dan las garantías a que el ecuatoriano que será enviado a la justicia estadounidense no será expuesto a tratos crueles, inhumanos o degradantes, que no se aplicará penas de muerte que se le procesará por los delitos que está siendo solicitado.
Cumplido este requisito, el proceso continuará con el análisis de Suing, como autoridad central en el tema extradiciones, y la posterior emisión de una sentencia que defina la situación legal de un Adolfo Macías Villamar, quien en Ecuador mantiene sentencias por delitos de narcotrafico, asesinato y delincuencia organizada, los cuales suman penas por 34 años de prisión.