Mediante una rueda de prensa realizada el pasado 1 de julio, los concejales Wilmer Espinoza y Fran Regalado informaron a la ciudadanía sobre el desarrollo y estado actual del proceso de remoción del alcalde Víctor Manuel González Salinas, iniciado tras la sesión extraordinaria del Concejo Cantonal celebrada el 20 de junio.
Durante su intervención, el concejal Wilmer Espinoza explicó que la denuncia fue presentada por el ciudadano Diómenes Rodas, quien alegó dos causales: el supuesto incumplimiento de una sentencia constitucional sobre el uso de la figura de la «silla vacía» y la suscripción de un acta de colindancia sin autorización del concejo.
Espinoza detalló que, conforme a los artículos 335 y 336 del COOTAD, la vicealcaldesa convocó a la conformación de la Comisión de Mesa, ya que ni el alcalde (al ser el denunciado) ni la vicealcaldesa (por interés directo) podían integrarla. La Comisión fue conformada por los concejales Wilmer Espinoza, Fran Regalado y Jofre Íñiguez, designados por sus compañeros Santiago Cabrera y Ximena Montaño, respetando las disposiciones legales y las ordenanzas municipales.
El proceso, inédito en la historia reciente del cantón, obligó al cuerpo edil a buscar asesoría jurídica externa para garantizar el debido proceso. La denuncia inicial fue inadmitida por no cumplir con los requisitos formales, pero tras su corrección se procedió con el análisis de fondo.
La Comisión escuchó tanto al denunciante como al alcalde y revisó las pruebas presentadas. Espinoza precisó que las causales carecían de sustento legal, citando, por ejemplo, que la sentencia de la Corte Constitucional mencionada como prueba no atribuía responsabilidad al alcalde y que la firma del acta de colindancia no constituía una falta suficiente para justificar la remoción.
Por su parte, el concejal Fran Regalado destacó la transparencia y rigurosidad del proceso. Recordó que la Corte Constitucional aclaró que la figura de la «silla vacía» solo puede ejercerse mediante organizaciones legalmente constituidas y no de manera individual, lo que desvirtúa una de las principales causales alegadas.
Regalado enfatizó que la Comisión de Mesa actuó de manera imparcial y técnica, priorizando la legalidad y los principios institucionales por encima de intereses políticos. Ambos concejales coincidieron en que el informe final ya ha sido remitido a la vicealcaldesa, quien deberá convocar a una nueva sesión del Concejo Cantonal para conocerlo y resolver conforme a la normativa vigente.
Finalmente, los concejales reiteraron el compromiso del Concejo Cantonal con la ética, la transparencia y el interés ciudadano, asegurando que todo el proceso se ha desarrollado con apego a la ley y responsabilidad institucional.