Una grave denuncia ha sacudido la confianza ciudadana en los sistemas de custodia judicial: se reportó el presunto robo de 2,6 kilogramos de material aurífero, ocurrido en el Centro de Acopio de Evidencias de la Policía Judicial de Zamora. El hecho fue dado a conocer por los abogados Fernando Gaón y Fredy Castillo, quienes representan al propietario legal del mineral, el ingeniero Jackson Zambrano.
Según Castillo, el oro fue incautado el 3 de mayo en el sector La Pista, parroquia Cumbaratza, como parte de un operativo de la Fiscalía de Medio Ambiente de Quito. El 19 de junio, tras la validación legal de su origen, se autorizó la devolución del mineral. Fue durante ese procedimiento que los abogados se percataron de la sustracción del oro, valorado en aproximadamente 250.000 dólares.
El abogado Gaón expresó su preocupación por la forma en que ocurrió el hurto, precisamente en la fecha y hora prevista para la entrega del bien, sin que existiera alerta o informe inmediato por parte de los responsables del área. Denunció una posible participación interna, ya que otros objetos de valor no fueron tocados, y el archivador fue violentado con precisión.
“El hecho de que esto ocurra dentro de una institución encargada de garantizar la seguridad del país es inadmisible”, señaló Gaón, quien además pidió la reformulación del tipo penal de hurto a robo con agravantes y exigió la intervención de altos niveles de control estatal.
En respuesta a la denuncia pública, el Teniente Coronel Juan Carlos Rojas Orozco, comandante de la Subzona Zamora Chinchipe N.° 19, confirmó en rueda de prensa el presunto hurto de evidencias. Informó que un servidor policial fue detenido por su posible implicación, y que se activaron los protocolos de Asuntos Internos para establecer responsabilidades administrativas.
“La Policía Nacional es la primera en fomentar la autodepuración institucional. No permitiremos que actos individuales manchen la integridad del servicio policial”, afirmó el oficial.
La autoridad aclaró que la custodia de evidencias es responsabilidad de una dirección distinta a la Policía Judicial, lo que ha abierto una línea investigativa más compleja.
Como parte de las acciones inmediatas, se anunció una reunión interinstitucional con la Directora Provincial del Consejo de la Judicatura para coordinar medidas que garanticen una custodia más segura de las evidencias judiciales, especialmente aquellas de alta sensibilidad como el oro.
El caso, que actualmente está bajo la jurisdicción de la Fiscalía General del Estado, ha generado amplia expectativa en la ciudadanía, mientras avanzan las investigaciones para determinar la cadena de responsabilidades y evitar nuevos hechos similares.