Autor: Lic. Alonzo Cueva
La ley aprobada el sábado 07 de junio de 2025 por la Asamblea Nacional, es un nuevo intento del gobierno con respaldo mayoritario del legislativo de enfrentar la
crisis de inseguridad en Ecuador. Utilizo estos términos, porque en su momento se convocó a consulta popular en la que el SÍ triunfó de manera contundente en preguntas relacionadas con esta problemática. En esta misma línea, la Asamblea Nacional, durante el periodo reciente, con la votación del oficialismo y las habituales abstenciones estratégicas de la supuesta oposición que como ahora, hizo cálculos para facilitar su aprobación, dio luz verde al incremento del IVA del 12% al 15%.
La campaña presidencial del candidato a la reelección, optó por las mismas promesas para asegurar el respaldo ciudadano. Sin embargo, la criminalidad no disminuye; al contrario, crece vertiginosamente. Es imprescindible ajustar ciertas normas, pues, resulta incoherente por ejemplo, que se exponga públicamente al policía que detiene a un individuo en flagrancia, y se proteja celosamente la identidad del detenido, que las pruebas presentadas ante un juez por la parte acusadora, a pesar de la flagrancia del hecho, este las considere insuficientes, limitándose a dictar «medidas sustitutivas» o incluso disponiendo la libertad del
acusado, convirtiendo así los tribunales en una especie de puerta giratoria para beneplácito de los infractores, con la inminente revictimización de quienes han sido afectados que muchas veces terminan pagando con su vida la búsqueda de justicia. Está bien fortalecer los marcos legales; pero el problema debe
abordárselo desde una perspectiva integral.
Las circunstancias demandan leyes punitivas, pero estas deben ir acompañadas de una purga rigurosa de las instituciones infiltradas por redes criminales. Esta depuración incluye organismos clave como Policía Nacional, Fuerzas Armadas, Fiscalía General del Estado, entidad responsable de realizar investigaciones sólidas, todo el sistema carcelario, y por supuesto, la función judicial, para
garantizar juicios justos y el estricto cumplimiento de las condenas. En definitiva, debe erradicarse la impunidad.
Es fundamental que el Estado, reconozca la deuda social que a ningún gobierno le importa. Las raíces profundas de la violencia, la inseguridad y el desorden en Ecuador tienen su origen en la falta de tal reconocimiento y atención. Es de ilusos creer que puede lograse la seguridad sin garantizar primero condiciones mínimas de digndad para la población: empleo, educación, salud, apoyo al sector agropecuario, espacios recreativos, acceso a la cultura, servicios básicos, etc. La inseguridad es una consecuencia directa de la pobreza estructural y del abandono estatal hacia los sectores más vulnerables. Esta realidad concreta e innegable, la clase política del país debe abordarla con urgencia.