La Asamblea de Líderes Mineros y Autoridades, organizada por la Cámara de Minería de Zamora Chinchipe (CAMIZ), se desarrolló con la participación de representantes del sector minero, quienes expusieron la grave problemática que atraviesa la actividad extractiva en la provincia. Sin embargo, el evento estuvo marcado por la notoria ausencia de autoridades oficialmente convocadas, lo que generó rechazo unánime por parte de los asistentes.
Durante el encuentro, los líderes mineros aprobaron una serie de resoluciones orientadas a exigir mayor presencia y acción del Gobierno Nacional. Entre los principales puntos se destaca:
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Solicitud de visitas en territorio por parte de ministros competentes, para conocer de primera mano la situación minera local.
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Conformación de mesas técnicas para impulsar un nuevo censo minero y avanzar en la regularización de títulos pendientes desde el proceso CEMINA 2010.
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Evaluación de la gestión de funcionarios del Ministerio del Ambiente y del Ministerio de Energía y Minas.
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Exigencia de responsabilidad ambiental a finqueros y operadores que han provocado afectaciones ecológicas.
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Actualización del PDOT (Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial) con el fin de regular adecuadamente la minería artesanal.
Durante la asamblea, representantes de la empresa Cumbaratza manifestaron su disposición a continuar con el proceso de mediación en la Procuraduría General del Estado, mostrando apertura al diálogo y la búsqueda de soluciones conjuntas.
Todas las intervenciones respaldaron la postura del presidente de CAMIZ, Paúl Pineda, quien insistió en que el diálogo directo con las autoridades es fundamental para encontrar salidas viables a los conflictos que enfrenta el sector minero, especialmente en una provincia donde esta actividad representa una de las principales fuentes económicas.
“No se puede politizar un tema que es social. La minería en Zamora Chinchipe requiere soluciones, no indiferencia”, subrayó Pineda.
Con estas resoluciones, los líderes mineros expresaron su firme intención de impulsar un desarrollo sostenible de la minería, exigiendo compromisos claros y acciones concretas del Estado en beneficio del territorio y sus comunidades. (Fuente: Café radio)