Desde el exterior, el exconsejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), Augusto Verduga, aseguró este jueves, 1 de mayo, a las 11:31, textualmente en la red social X que su abogado Ismael Merizalde presentó su renuncia irrevocable y ya no lo defenderá en el caso ‘Ligados’.
Según Verduga, «Con autorización de mi exabogado-defensor, hago público el correo en el que me comunica su decisión de apartarse de mi defensa legal en el caso «Ligados». Este mensaje revela el nivel de manipulación con el que la Fiscalía ha venido conduciendo sus actuaciones investigativas».
«Estoy enfrentando un proceso que parece más una crónica de una sentencia ya escrita que una búsqueda genuina de justicia. Desde hace tiempo, he solicitado acceso a los famosos audios, sin obtener respuesta. Paradójicamente, medios de comunicación que no forman parte del proceso accedieron a ese material desde hace semanas», afirmó.
«Esto demuestra la existencia de un tratamiento desigual e injusto. Este proceso no es más que una farsa, parte de una estrategia de acoso y desgaste, que busca estigmatizar y dividir. No existe voluntad real de esclarecer los hechos ni de alcanzar la verdad procesal», señaló.
«Es el mismo libreto ya conocido en otros casos marcados por el lawfare, bajo la dirección de la fiscal Salazar y la jueza Camacho. Como bien señala Ismael en su correo, las audiencias privadas de «extracción» de información no han sido tales», comentó.
«Los dispositivos incautados han sido simplemente exhibidos, mientras que, el supuesto proceso de extracción de datos se ha manejado en completo secreto. Esta irregularidad también se repite en el caso del celular de Eduardo Franco Loor, como él lo detalla en su correo», precisó.
«La ciudadanía, no familiarizada con procesos judiciales, debe entender que estas prácticas violan las normas más elementales de la cadena de custodia y de la pericia forense. Todo este procedimiento resulta burdo, grotesco y alarmante», opinó.
«Por lo demás, seguiré ejerciendo mi propia defensa, plenamente consciente de que la Fiscalía continúa vulnerando de manera sistemática el principio de objetividad consagrado en el artículo 5, numeral 21, del Código Orgánico Integral Penal (COIP)», indicó.