Minera Panamá, filial de la canadiense First Quantum Minerals, anunció este viernes (14.03.2025) que trabajará en la suspensión de los arbitrajes interpuestos contra Panamá para abrir un diálogo con el Gobierno panameño sobre el futuro de la gran mina de cobre de 10.000 millones de dólares que explotaba hasta noviembre de 2023, cuando fue inhabilitada por orden judicial.
La suspensión «inmediata» de los arbitrajes es una de las condiciones establecidas por la Administración del presidente José Raúl Mulino (2024-2029) para iniciar «conversaciones formales» sobre la mina a cielo abierto Cobre Panamá, la mayor de Centroamérica.
«Hemos girado instrucciones a nuestros abogados para reunirse con el equipo legal del gobierno para trabajar en la suspensión de los arbitrajes», afirma Manuel V. Aizpurúa, gerente país de Cobre Panamá, en una comunicación interna de la empresa.
«Esto forma parte de un proceso transparente y constructivo que conduce a una solución en beneficio de los trabajadores, las comunidades, los proveedores y todos los panameños», añade Aizpurúa.
Según ha dicho el presidente Mulino, el Estado panameño enfrenta «6 o 7 arbitrajes internacionales (…) que suman decenas de miles de millones de dólares en pretensiones por daños y perjuicios» por el cierre de la mina. Ninguna fuente, ni oficial ni de la empresa, ha dado una cifra concreta del monto que involucran estos procesos.
De acuerdo a datos de la prensa local, uno de esos arbitrajes lo inició First Quantum ante una corte con sede en Miami (EE.UU.) por 20.000 millones de dólares.
Mulino anunció «conversaciones»
La minera hizo el anuncio sobre suspender los arbitrajes un día después de que el presidente Mulino informara públicamente que autorizó la exportación del concentrado de cobre que quedó en la mina, unas 120.000 toneladas en total, así como la importación de carbón para reactivar la planta termoeléctrica de 300 megavatios que posee e incorporar su producción al Centro Nacional de Despacho que abastece al país de energía.
Mulino también expresó el jueves su aspiración de iniciar la próxima semana conversaciones sobre el futuro de mina, un yacimiento con 3.000 millones de toneladas de reservas probadas y probables y una capacidad de producir más de 300.000 toneladas del mineral al año junto con oro, plata y molibdeno, según datos de la empresa, que cifra en alrededor de 10.000 millones de dólares la inversión para construcción.
La mina, que tenía una nómina de alrededor de 7.000 trabajadores y un impacto en cerca de 40.000 empleos indirectos, fue inhabilitada por un fallo en noviembre de 2023 de la Corte Suprema de Justicia, que determinó que el contrato de concesión violaba 25 artículos constitucionales.
El fallo se dio en medio de las mayores protestas públicas en Panamá en décadas, lideradas por ambientalistas y jóvenes que reclamaban que el contrato era lesivo para el Estado y que denunciaban, entonces como ahora, graves daños al medio ambiente, lo que First Quantum siempre ha negado.
jc (efe, afp)