La candidata presidencial del correísmo, Luisa González, cuestionó este viernes, 14 de marzo, en una entrevista, con Radio Atalaya 680 AM, en Guayaquil, a las 08:00, luego que el Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobara el pasado jueves, 13 del presente mes, la petición del presidente de la República, Daniel Noboa, sobre prohibir el ingreso de dispositivos electrónicos a los recintos electorales, de cara a la segunda vuelta, el próximo domingo, 13 de abril.
Según Luisa, «Muy importante con lo que hizo la jefa de campaña de Daniel Noboa ayer en el CNE. Y perdón, pero la señora Diana Atamaint, el señor Cabrera. ¿Qué decisión tomaron en el Consejo Nacional Electoral? Robarnos la libertad de usar un celular».
«Atamaint como presidenta del Consejo Nacional Electoral es una perfecta y magnífica jefa de campaña de Daniel Noboa, en donde él le ordenó que se prohíba el uso de los celulares en los recintos electorales y ella acata la orden, ¿no?», preguntó.
«Estamos en un país que no se respeta la Constitución, las leyes y que ahora nos roban la libertad de andar con un celular, y hacer una fotografía, video. ¿Qué quieren? Robarnos la democracia también. Nos vamos a pronunciar muy fuertemente», avisó.
«Primero, por el derecho de los ecuatorianos a llevar nuestros celulares y hacer fotos de nuestras actividades personales. ¿En qué les molesta tanto que un ciudadano lo lleve y que en el conteo de los votos no haya dispositivos móviles, que no quieren que en el conteo de los votos haya una foto, una grabación?», interrogó.
«¿Por qué? ¿Qué les preocupa? ¿Acaso están planificando un fraude, robarnos la democracia? Es inconstitucional e ilegal, que nos prohíban el uso del celular, incluso en el conteo de los votos», alertó.
Sanción por desacatar medida
El CNE señaló este viernes, 14 de marzo, a través de una rueda de prensa, en Quito, que de acuerdo al Código de la Democracia, en su artículo 279, numeral 12, estipula que el no cumplimiento de las decisiones del Consejo constituye una infracción electoral de gran gravedad, sancionada con multas que oscilan entre 9.870 y 32.900 dólares, o con la pérdida de los derechos políticos durante 4 años.