Con el dictamen abstentivo emitido por la Fiscalía General del Estado a favor de María José Lapo Capa y Víctor Samuel Vega Noblecilla, dentro del caso Plaga solo quedarán siendo procesadas 29 personas por delito de delincuencia organizada. En agosto pasado se cerraron los 120 días de instrucción fiscal que se determinaron para esta causa penal.
El dictamen abstentivo de Fiscalía señala que, al “no poder mantener de forma fehaciente la acusación” contra Lapo, una funcionaria judicial de la provincia de El Oro, y Vega, un abogado en libre ejercicio, se emite el respectivo dictamen abstentivo y se solicita al juez de la causa revocar todas las medidas cautelares de carácter personal que pesan sobre ellos.
El 3 de abril pasado arrancó el caso Plaga, una vez la Fiscalía realizó allanamientos en las provincias de Guayas, Chimborazo, Pichincha, Santo Domingo de los Tsáchilas, El Oro, Tungurahua y Azuay. Ahí se logró detener a las primeras catorce personas a ser procesadas por delincuencia organizada. Terminados los cuatro meses de instrucción fiscal, fueron 31 las personas que hacían parte de la causa en calidad de sospechosas.
Plaga fue investigado inicialmente por un fiscal provincial, el cual estaba tras actos de corrupción cometidos por parte de jueces, secretarios, policías, abogados en libre ejercicio y otros funcionarios públicos que habrían intervenido en el otorgamiento ilegítimo de acciones constitucionales a personas privadas de la libertad.
Luego el caso pasó a manos de la fiscal general, Diana Salazar, por el fuero de Corte Nacional de tres jueces de la Corte Provincial de Justicia de Santo Domingo de los Tsáchilas que finalmente fueron vinculados el 30 de junio pasado, junto con otras catorce otras personas.
La teoría de Fiscalía asegura que en Plaga la red delictiva indagada captaba a sus integrantes a través de la entrega de dinero o favores a cambio de permitir que internos, muchos de ellos con perfiles de alta peligrosidad, obtengan libertad a través de argucias y abuso del derecho, aparentando legalidad en estas acciones.
En Plaga una buena parte de los 31 procesados tenían cargos como jueces y abogados en libre ejercicio. De ellos, hasta el momento, tres jueces destituidos por el CJ, un exfuncionario penitenciario, tres abogados en libre ejercicio y un exdirector de la Escuela de la Función Judicial en la presidencia de Wilman Terán en la Judicatura han rendido su testimonio anticipado, en el que han reconocido haber realizado acciones irregulares para liberar a cambio de dinero, por amenazas o pensando que los salvarían en procesos administrativos en curso.
Estos ocho procesados que rindieron testimonio anticipado desde este martes, 21 de enero, deberán enfrentar una audiencia de procedimiento abreviado ante el conjuez temporal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) Édison Cantos. Él deberá dar respuesta a once solicitudes de procedimiento abreviado, es decir, buscar un juicio rápido al reconocer su participación en los hechos imputados.
En la lista de convocados a audiencia de procedimiento abreviado están los abogados en libre ejercicio Lenin Vimos, Hugo Alexander L. O., Simón G. T.; Michael Hernández, exdirector de la Escuela de la Función Judicial del CJ, cuando Wilman Terán, sentenciado por delincuencia organizada en el caso Metástasis, presidía la Judicatura; los exjueces de Manabí y Santo Domingo de los Tsáchilas Joffre R., Jorge A. y Ángel Harry L. V.; Omar Israel J. B. y José M. B., exfuncionarios del Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad (SNAI); y el exfuncionario del Centro de Privación de la Libertad (CPL) Azuay número 1 Xavier A.
A este grupo también se suma la solicitud de acogerse a un juicio rápido presentada al fiscal general subrogante, Wilson Toainga, por parte de la defensa del policía Marco Patricio C. C.
En los testimonios anticipados de, por ejemplo, los exjueces Ángel Lindao, sentenciado en Metástasis, Joffre R., Simón G. o el abogado Omar J., se apuntó a los abogados Lenín Vimos y Christian R., exabogado del narcotraficante Leandro Norero, como quienes manejaban a jueces, funcionarios penitenciarios y asistentes judiciales que fueron parte de casos en los que se dieron acciones de protección y medidas cautelares basadas en certificados médicos falsos y manipulación del sistema de justicia.
Justamente Christian Geovanny R., Gary Fabricio P. y Hugo Marcelo A. solicitaron al conjuez Cantos que dé paso a la revisión y sustitución de las medidas cautelares de prisión preventiva que pesan sobre ellos. Luego de un análisis, el magistrado penal rechazó las pretensiones y ratificó la prisión preventiva que es cumplida por Gary P. y Hugo A., pero no por Christian R., quien es visto como prófugo de la justicia y tiene un llamado a juicio en el caso Metástasis en suspensión.