La respuesta siempre es la misma. Cuando son consultados por la existencia de 2.000 hectáreas de coca, en el territorio ecuatoriano cercano a la frontera con Colombia, militares, policías, políticos, moradores y campesinos de Sucumbíos sonríen y niegan con la cabeza.
Prefieren no ser grabados, pero la negativa es contundente. Es imposible, dicen, que una extensión que equivale a 1.852 canchas de fútbol profesional se haya llenado de cultivos ilegales de coca «de la noche a la mañana».
La noche del 14 de octubre de 2024, el presidente Daniel Noboa apareció en una cadena nacional y sorprendió al país anunciando la existencia de 2.000 hectáreas de plantaciones de coca en la frontera norte del país. La fuente de esa aseveración, según el Mandatario, era un documento que recibió a través de cooperación internacional.
Se trata del Informe Geoespacial de Cultivos Ilícitos en la Frontera Norte de Ecuador, que es un estudio privado que Estados Unidos entregó al Gobierno de Ecuador. La Embajada de EE.UU. aclaró que es un análisis informativo que no hace conclusiones definitivas.
Sin rastro de los cultivos
15 días después del anuncio del presidente Daniel Noboa, un equipo de PRIMICIAS se desplazó a Sucumbíos y, durante varios días, recorrió parte de la zona selvática en la frontera entre Ecuador y Colombia. Así como sus poblados y comunidades.
En el documento que sirvió de base para la declaración presidencial, en las últimas páginas, se presentan más de 100 coordenadas con las supuestas ubicaciones de las plantaciones. Cerca del 50% de esos puntos están en Sucumbíos.
Si bien la mayoría de estas coordenadas están en el corazón de la selva amazónica y son zonas de difícil acceso, según el sistema de navegación GPS, hay algunos sitios ubicados a 10 minutos de la carretera principal que interconecta a ese sector del país.
Habitantes de esas zonas niegan la existencia de esos cultivos. El café, el banano y la palma son los sembríos que predominan en el sector, según sus campesinos. Aunque aceptan que toda la zona es controlada por grupos armados colombianos, ya que usan las haciendas como bodegas para los narcóticos.
Desde el lado oficial, varios oficiales de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional tampoco encuentran explicación a la declaración presidencial y al documento proveniente de la cooperación internacional. Pero prefieren no decirlo oficialmente.
Incluso, a raíz de ese anuncio, el Ejército ha redoblado los patrullajes en la frontera norte. Pero, hasta el momento -desde inicios de 2024- solo se han encontrado 11,5 hectáreas de cultivos de coca en Sucumbíos.
Estos sembríos se han ubicado, sobre todo, en la zona noreste de Sucumbíos. En sectores conocidos como Puerto Rodríguez y Tres Fronteras, que se ubican cerca a los límites internacionales de Ecuador con Colombia y Perú.
Son zonas de cultivos pequeños, en algunos casos dentro de cerramientos plásticos o viveros, en espacios en donde el límite territorial es casi imperceptible. Por lo que es muy difícil determinar si la coca está en territorio ecuatoriano o colombiano. Estos plantaciones se ubican en zonas donde el control está en manos de grupos narcoguerrilleros colombianos.
En esa zona, específicamente, operan el denominado Comando de la Frontera, que se formó con parte de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), luego del incompleto proceso de paz que Colombia vivió en 2016.
Otro sector en donde se ha especulado sobre la existencia de plantaciones es en El Chical, que es una zona en la frontera entre Carchi y Colombia, que está bajo el dominio del Ejército de Liberación Nacional (ELN), otra guerrilla colombiana.
Recientemente, el medio digital La Posta publicó un reportaje acerca de las plantaciones de coca en esa zona del país y como menores de edad serían usados para el procesamiento de la hoja. Uno de los miembros de ese medio recibió amenazas a raíz de la publicación.
Sin embargo, fuentes militares reportaron que esos sembríos y laboratorios de procesamiento están totalmente identificados. Pero, están del lado colombiano de El Chical, por lo que las Fuerzas Armadas de Ecuador no pueden intervenir.
Un mercado de la coca
Si bien los sembríos de coca aún serían escasos del lado ecuatoriano, luego de la pandemia del Covid-19, la lógica del narcotráfico en la frontera norte sí cambió.
Antes, provincias como Carchi, Esmeraldas y Sucumbíos, eran solo zonas de paso de la droga y los precursores químicos que se necesitan para procesarla.
Ahora, en cambio, Ecuador tiene -aunque en menor escala en relación con Colombia- todos los eslabones del negocio de la cocaína. Por ejemplo, las 11,5 hectáreas encontradas revelan que del lado ecuatoriano ya se está cultivando coca.
Pero también, campesinos ecuatorianos y colombianos, de Sucumbíos y Putumayo, también se han involucrado en el procesamiento, ya que se dieron cuenta de que al vender solo la hoja de coca estaban perdiendo dinero.
Por esta razón, ahora se han instalado pequeños laboratorios en donde convierten la hoja de coca en pasta base, que es un producto intermedio antes de que esta se purifique y llegue a convertirse en cocaína.
Luego, en territorios colombianos rurales, se organizan las denominadas ferias cocaleras. Son espacios, en donde los agricultores de la zona ofrecen bloques de pasta base de cocaína a grupos armados y bandas criminales, que luego se encargan de convertirla en cocaína y traficarla hacia Norteamérica y Europa.
Este comercio se realiza entre Ecuador y Colombia de manera permanente. Los grupos armados aprovechan las decenas de pasos ilegales que existen entre los dos países y que hacen imposible un control total por parte de las Fuerzas Armadas.
El problemático río San Miguel
Uno de los puntos más complicados se ubica a lo largo del río San Miguel, que conecta a los dos países entre Sucumbíos y Putumayo. Los militares tienen a su cargo la custodia de cerca de 165 kilómetros de este río, que únicamente tiene un paso legal, que se trata del Puente Internacional que conecta a Lago Agrio, del lado ecuatoriano, con La Hormiga, en Colombia.
Sin embargo, a lo largo del Río, hay cerca de 20 pasos ilegales, a través de los cuales pequeñas embarcaciones cruzan personas y mercancías -legales e ilegales- todo el tiempo.
PRIMICIAS acompañó a un equipo militar en un recorrido fluvial y constató esta situación. Las embarcaciones pequeñas y artesanales comparten el río con los militares y al observar su presencia, aceleran el tránsito hasta topar suelo colombiano, lo que hace que los militares ecuatorianos no puedan actuar.
Y ese no es el único problema con el que lidian los uniformados. Las condiciones de navegabilidad, debido a islotes de arena que se forman en temporadas de sequía, provocan daños a las embarcaciones, que impiden su movilización.
Para esto, desde 2009, en la Brigada de Selva Napo, que se ubica en la provincia de Orellana, funciona el Centro de Mantenimiento Fluvial (Cemaflu), que está a cargo del mantenimiento preventivo, correctivo y restaurativo de las 56 embarcaciones tácticas.