A representantes de organizaciones civiles y no gubernamentales les causa preocupación una estrategia de la Secretaría de Integridad Pública, que establece ciertos parámetros para su funcionamiento, porque consideran que podría dar cabida a intervenciones y limitaciones por parte del Gobierno al trabajo que realizan. Además, critican que la iniciativa no fue previamente consultada ni divulgada para su elaboración.
Señalan que el contenido es ambiguo, poco preciso, podría dar paso a interpretaciones subjetivas y hasta derivar en decisiones arbitrarias de las autoridades.
Se trata de la Estrategia de Integridad para las Organizaciones de la Sociedad Civil y Organizaciones No Gubernamentales (ONG), que fue presentada el 18 de junio y se publicó en el Registro Oficial el 8 de julio.
Su presentación estuvo a cargo de José Julio Neira, secretario general de Integridad Pública, quien destacó que el texto no solo representa un “hito en la lucha contra la corrupción”, sino que refuerza el compromiso con la transparencia y la ética, “no solamente desde las administraciones públicas, sino también organizaciones que desde la sociedad civil suman esfuerzos para mejorar lo público”.
El documento contiene 17 páginas. Aborda valores para el servicio público y principios institucionales de integridad pública (que también abarcan a la sociedad civil y afines).
Señala que las organizaciones de la sociedad civil (OSC) “suelen recibir un estatus especial”, que incluye beneficios tributarios, como exención de impuestos, así como acceso a contratos públicos. Su financiamiento también proviene de fondos de empresas o particulares.
La estrategia apunta que “el gobierno, las empresas y el público en general esperan que las OSC actúen en alineación con su misión, demuestren integridad y sean dignas de confianza, y que muestren una conducta ejemplar en toda la organización. Por lo tanto, la integridad pública no solo es una preocupación para los gobiernos y las empresas, sino que también es clave para garantizar la legitimidad de las OSC”.
El tema que llama la atención, y preocupa, es el apartado sobre doce “acciones estratégicas” que deben cumplir las OSC y las ONG. Las organizaciones deben presentar un informe de rendición de cuentas una vez al año; si no lo hacen, corren el riesgo de perder su personería jurídica.
A criterio de los voceros consultados por este Diario, son enunciados generalistas que pueden dar cabida a “abusos del poder estatal”.
Las doce acciones estratégicas son promover la justicia y la igualdad; fomentar el ejercicio de los derechos de la mujer y la equidad de género; trabajar por un planeta sano; un cambio positivo duradero; trabajo basado en las personas; fortalecimiento de alianzas; incidencia para cambios estructurales; apertura organizacional; empoderamiento y eficacia del personal; manejo de los recursos; toma de decisiones de manera receptiva; y, liderazgo responsable.
Se establece una definición por cada estrategia y se mencionan “algunas acciones específicas” que deberían ejecutar las organizaciones.
Por ejemplo, en el punto sobre “un cambio positivo duradero” se describe que las organizaciones deben ponen en práctica estrategias a largo plazo, con un “enfoque inclusivo y a largo plazo, que aborde las principales causas de los problemas actuales y se centre en el logro de impactos sostenibles”. Esto “contribuirá a aumentar la confianza en las OSC y su legitimidad”.
Asimismo, en “incidencia para cambios estructurales” se señala como una acción específica que las organizaciones usan diversas estrategias, “como la presión de la gente, la sensibilización, la movilización de la opinión pública, el asesoramiento experto, el trabajo en red, el cabildeo y otras”.
A continuación de las doce accione se establece la “propuesta para el seguimiento, monitoreo y evaluación”. La Secretaría de Integridad, con el apoyo del Ministerio de Gobierno y las entidades rectoras que trabajen con las OSC y las ONG, se encargará del monitoreo de forma periódica, para lo cual empleará una “herramienta” que medirá las “acciones, indicadores y metas”.
Se advierte que en caso de no cumplimiento de las acciones establecidas en el texto, la Secretaría de Integridad dejará constancia en un reporte anual, “perjuicio de las medidas administrativas, civiles y penales a las que hubiera lugar”.
En el evento de presentación de la estrategia estuvo presente la directora ejecutiva de Grupo Faro, Gabriela Suárez, quien, según un boletín de prensa, “resaltó el compromiso que tienen las organizaciones de la Sociedad Civil para seguir trabajando en el fomento de una práctica ética y transparente, con el fin de obtener confianza para ser actores críticos, cuestionadores y demandantes de una ética pública”.
Este Diario buscó un pronunciamiento de Suárez, porque la Secretaría promocionó que la estrategia se construyó con el aporte del Grupo Faro; sin embargo, hasta el cierre de esta nota no hubo respuesta.