La Asamblea Nacional de Ecuador censuró el miércoles al exministro del Interior Juan Zapata, que ocupó el cargo durante el mandato presidencial de Guillermo Lasso (2021-2023), y le achacó el incremento de la violencia y la inseguridad en el país durante su administración, entre septiembre de 2022 y noviembre de 2023.
Con 118 votos a favor, el Legislativo ecuatoriano, integrado por 137 escaños, censuró a Zapata y le inhabilitó para ejercer cargos públicos durante los próximos dos años.
El asambleísta socialcristiano Carlos Vera, el principal interpelante del proceso, aseguró que la censura a Zapata, pese a no estar ya en el cargo, es una demostración de que el Parlamento lucha contra las malas prácticas de funcionarios que han afectado los intereses de la población.
Vera, durante el debate, explicó que en 2023 hubo un incremento importante del crimen a escala nacional y que la administración de Zapata, pese a contar con los recursos suficientes, no capacitó a la Policía ni la dotó de la logística para encarar el auge de la delincuencia.
El legislador recordó que 107 uniformados fueron abatidos en el país, por lo que consideró que en el juicio político de censura contra Zapata ha quedado en evidencia la relación entre el accionar del ministro con el aumento de la inseguridad del país.
El parlamentario presentó como prueba las estadísticas del incremento de las muertes violentas en Ecuador desde 2022 y dijo que solo el año pasado se registraron más de 8.000 sucesos sangrientos.
La asambleísta Pamela Aguirre, del opositor movimiento correísta Revolución Ciudadana y que preside la Comisión de Fiscalización del Parlamento, replicó a Zapata por haber dicho que no había sido notificado debidamente para su comparecencia a esa instancia legislativa.
Aguirre dijo que notificó a Zapata en abril pasado y señaló que por ese hecho se le declaró en rebeldía y se recomendó seguir con el juicio político de censura en el pleno del Parlamento.
Además, la asambleísta recordó que Ecuador fue reconocido en 2016 como uno de los países más seguros de Latinoamérica, mientras que en 2023 pasó a ser el más inseguro de la región.
De su lado, el ministro Zapata, un expolicía apodado como ‘El Capitán’, rechazó las acusaciones y dijo que durante su administración al frente del Ministerio del Interior se incorporaron 10.000 nuevos integrantes a la fuerza policial para reforzar la seguridad en el país.
También llamó a los legisladores interpelantes a actuar con empatía, pues aseguró que en su desempeño como autoridad recibió seis amenazas de muerte y dos intentos de secuestro a una de sus hijas.
Los funcionarios que ocupan cargos como el Ministerio del Interior en periodos de alta inseguridad y auge de la delincuencia «pierden su tranquilidad y el derecho a una vida normal y en familia», aseguró. EFE (I)