La máxima instancia de Justicia de Guatemala se abstuvo este lunes (27.05.2024) de responder una consulta que le hizo el presidente Bernardo Arévalo, que buscaba obtener su aval para remover a la cuestionada fiscal general Consuelo Porras, sancionada por Estados Unidos.
El presidente -que no tiene la facultad para destituir a la fiscal- había preguntado el 8 de abril a la Corte de Constitucionalidad si Porras cumplía el requisito de «honorabilidad» para seguir en el cargo, tras señalamientos de «socavar» la democracia y de no estar «comprometida en la lucha contra la corrupción».
La Corte «se abstiene de emitir la opinión que solicitó el presidente», indicó en una resolución divulgada este lunes. Agregó que las interrogantes fueron «formuladas» con «falencias» y estableció «que no es viable conocer el planteamiento» del mandatario socialdemócrata.
En febrero de 2024, Arévalo denunció a la fiscal ante la Corte Suprema para que le retire la inmunidad por supuesto incumplimiento de deberes, aunque el tribunal no se ha pronunciado. A inicios de mayo, el gobernante presentó personalmente un proyecto de ley que le facilite destituirla pues en la actualidad sólo puede hacerlo con causa justificada como una condena penal. La iniciativa no ha avanzado en el Congreso.
El mandatario también le ha pedido públicamente a la fiscal su renuncia, pero ella se niega a dimitir. Porras es fiscal desde 2018 y en 2022 comenzó su segundo periodo, que va hasta mayo de 2026.
ama (afp, la hora, prensa libre)