El debate y análisis de las reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP) han producido polémica en horas recientes, mayormente por el tema del recurso de revisión que -de acuerdo con varios legisladores, catedráticos y expertos- podría beneficiar al expresidente Rafael Correa, quien se encuentra sentenciado por el caso Sobornos.
«Ecuador ha sido testigo de un fraude jurídico, una trampa con clara dedicatoria de esos artículos», comentó. A su criterio, un proceso de revisión es especial y aplicable ante nueva prueba o un error de hecho. Lo único que cabe es que si hay una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero «no meros dictámenes, en este caso, de comités de Derechos Humanos que no son vinculantes ni obligatorios. Eso atentaría al principio de la cosa juzgada, de seguridad jurídica. Se inventan una nueva jerarquía por encima del ordenamiento jurídico».
Eso implica que, en el fondo, no tiene una validez de derecho. Más bien tiene fines politiqueros con intenciones de generar impunidad.
Afirmó que los informes de relatorías y comités no están a nivel de una sentencia de la Corte IDH. No son órganos jurisdiccionales y se trata de una mera referencia y los quieren sea el justificativo de una operación política. En ese contexto, a la bancada correísta solo le importa la impunidad de su líder.
En el fondo -añadió Cucalón– se quiere manosear al COIP para apurar un proceso político. Quieren distraer la atención en vez de luchar de manera directa contra la inseguridad y la delincuencia como lo hacer el Gobierno. «Hay que estar atentos a la votación de los asambleístas».
Aseguró que se quiere debilitar a la Fiscalía que es objeto del correísmo. De igual forma se refirió al tema de desbloquear la reserva de la indagación previa hacia organismos administrativos y políticos como Asamblea Nacional. «Si pasa esa reforma, vamos a tener campaneros con corona porque tienen inmunidad parlamentaria, no podrán ser juzgados, es parte de la trampa y del fraude jurídico».