Para este, jueves 15 de febrero del 2024, está previsto que la Asamblea Nacional debata en segundo debate un paquete de 86 reformas al COIP.
Según detalló Vistazo «El correísmo siempre ha apostado por el recurso de revisión del caso Sobornos, en el que Rafael Correa fue condenado a ocho años de prisión, al considerarlo persecución política. Las reformas, advierte Construye, podrían abrir la puerta para echar abajo esa sentencia y devolver los derechos políticos a Correa para que pueda regresar al país y ser candidato».
En ese sentido, se puede acceder a ese beneficio en tres casos, pero ahora los asambleístas quieren aumentar dos más:
- Si se comprueba que los hechos que fundamentan la sentencia fueron establecidos mediante vicios de procedimiento insubsanables o graves violaciones al debido proceso.
- En situaciones donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) o comités de derechos humanos de las Naciones Unidas, en su calidad de entidades internacionales cuyas decisiones son vinculantes para la República del Ecuador en virtud de los tratados internacionales ratificados por el Estado, identifiquen violaciones a los derechos humanos o errores en el debido proceso en sentencias condenatorias. Estas decisiones, pronunciamientos o recomendaciones serán consideradas como fundamentos legales válidos para la revisión judicial de las sentencias en Ecuador.
Advertencia de Construye
Por ello, el grupo político Construye advierte que se pretende cambiar las leyes «a la medida del ‘regreso’ de Rafael Correa a pesar de sus delitos y sus sentencias», cita la carta de la agrupación.
Bajo esa misma advertencia, Jorge Peñafiel, legislador de dicha bancada expresó: «La inclusión de nuevas reglas para el recurso de revisión, no solo que es inconstitucional, sino que pretende permitir a Correa ser candidato, atropellando toda lógica jurídica, institucional, contraviene la ética y la moral», escribió , en la red social X.
Agregó que su bancada estará atenta para impedir una “agenda de impunidad”, que aparentemente ya se había anunciado desde hace unos días.
Finalmente subrayó que «una decisión de un órgano de DDHH nunca determina la inocencia o culpabilidad de nadie, por lo que difícilmente serviría para una revisión».