Luego que se conociera que el Consejo de Administración Legislativa (CAL) de la Asamblea Nacional evaluará cada tres meses el estado de salud de la fiscal general del Estado, Diana Salazar, quien tiene suspendido un juicio político en su contra, debido a que presenta un embarazo de alto riesgo, ella se pronunció, a través de un comunicado, e indicó que iniciará las acciones legales pertinentes.
“Con mis hijas nadie se va a meter. Como madre y como mujer les digo: ¡YA BASTA!”, escribió la fiscal revelando indirectamente que su segundo bebé será niña. Hasta ahora se desconocía el sexo.
La fiscal instó a quienes la cuestionan a que propongan a tres médicos que certifiquen su estado de salud y lo que afirma. “Lo que dice esta banda (porque eso es lo que son) es una vil mentira”, mencionó.
“Todo tiene un límite. No voy a tolerar más infamias de los mentirosos de siempre, que -con tal de conseguir impunidad- han sido capaces de rebasar toda frontera, no solo legal, sino moral, ética y humana”, apuntó Salazar.
La fiscal manifestó que -por consideración a los ecuatorianos- cuando informó al CAL sobre su embarazo, lo hizo adjuntando el respectivo certificado médico, validado por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (ESS), porque no tiene nada que ocultar.
Asimismo, ante la decisión del Legislativo de evaluar cada trimestre su estado de salud, la fiscal dijo que “la divulgación de información sobre el embarazo de una mujer contraviene varias normativas que protegen la privacidad y la confidencilidad de sus datos personales.
“La Convención Interamericana para Prevenir, Sanciones y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Para), en su artículo 4 (e), establece que toda mujer tiene derecho a que se respete la dignidad inherente a su persona y que se proteja a su familia; la Ley Orgánica de Salud, en su articulo 7. literal f, garantiza la confidencialidad de la información contenida en la historia clínica de las personas; la Ley de Derechos y Amparo al Paciente, en su artículo 4, asegura el carácter confidencial de toda información relacionada con procedimientos médicos”, refirió.
Salazar explicó también que en el Código Orgánico Integral Penal, en sus artículos 180 y 472 se prohíbe la difusión de información de circulación restringida, incluyendo datos de carácter personal, cuya divulgación no haya sido autorizada y que la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, en su artículo 9, numeral 6, garantiza la confidencialidad y privacidad de los datos personales de las mujeres y sus descendientes.
“Esta filtración -que lamentablemente ha sido propiciada por una mujer- viola mis derechos -como ciudadana y como mujer embarazada- a la privacidad y la confidencialidad, protegidos por estas normas”, menciona apuntando, sin dar nombres, contra la legisladora del correísmo Gisella Garzón, quien solicitó en la Asamblea realizar seguimiento del juicio político que fue suspendido tras el criterio emitido por la Procuraduría General del Estado.
El expresidente Rafael Correa, sin mencionar a la fiscal, realizó un posteo relacionado con un embarazo de alto riesgo y el tratamiento de placenta previa.
“Guarden este post. Pronto entenderán por qué. Se prepara otro fraude democrático de los que supuestamente deberían combatir la corrupción. Pero ellos no son corruptos, sino sabidos, aunque algunas veces también le llaman impericia. (Henry) Kronfle es cómplice en todo esto. Su rabo de paja es kilométrico. La anomia es total los corruptos siempre fueron ellos”, escribió Correa.