ARTÍCULO DE OPINIÓN
Por: Alonzo Cueva Rojas
La reanudación de la sesión del organismo electoral para eliminar a un partido político evidencia una preocupante sumisión y la estructuración artificial de mayorías.
La reciente decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de reanudar una sesión suspendida con el único fin de cancelar al Partido Unidad Popular representa un preocupante punto de quiebre para la institucionalidad democrática del Ecuador.
Este hecho, lejos de responder a un criterio técnico o legal, devela una maniobra de sumisión política y persecución orquestada bajo la dirección de la presidenta del organismo, Diana Atamaint. La acción vulnera gravemente el procedimiento legal y constituye una abierta manipulación del quórum.
Desde un enfoque estrictamente jurídico, el primer gran atropello es la ruptura del principio de unidad de acto. Según las normas que rigen a los órganos colegiados, resulta ilegal retomar una sesión previamente suspendida sustituyendo a los miembros titulares originales por suplentes. Incluso si los titulares contaban con licencias, esta modificación rompe la consecutividad obligatoria de los debates. No se puede iniciar un debate con unos actores y votar la resolución con otros que no presenciaron la discusión original.
El segundo vicio radica en la formación de una evidente «mayoría móvil» o artificial. El manejo de las licencias de los consejeros principales fue estratégico: se forzó el ingreso de suplentes seleccionados con el fin exclusivo de romper el empate previo de dos votos a favor y dos en contra.
Este uso selectivo de los reemplazos para asegurar los sufragios necesarios contra Unidad Popular no es otra cosa que un fraude a la ley y un flagrante abuso de poder. Se cambiaron las reglas y los jugadores a mitad del partido para alcanzar un resultado político preconcebido.
Frente a este escenario de prevaricación administrativa, la respuesta jurídica debe ser inmediata y contundente a través de una impugnación formal ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE).
En esta instancia será imperativo demostrar que los votos emitidos por los suplentes carecen por completo de legitimidad constitucional. Defender este caso ya no se trata solo de proteger las siglas de un partido, sino de salvaguardar la integridad de un sistema democrático que no puede operar bajo mayorías hechas a la medida.