El sector minero de Zamora Chinchipe se declaró en asamblea permanente desde el 23 de enero, tras una masiva jornada convocada por la Cámara de Minería de Zamora Chinchipe, en la que se exigió al Gobierno Nacional el cese de la denominada “criminalización” de la actividad minera.
La decisión fue adoptada durante una asamblea realizada el pasado viernes en la capital provincial, que reunió a representantes de distritos mineros, transporte pesado, geólogos, académicos y organizaciones sociales, quienes denunciaron la falta de voluntad política para atender las demandas del sector y el asedio de la fuerza pública contra la minería artesanal y de pequeña escala.
El presidente de la Cámara de Minería, Paul Pineda, reiteró su rechazo a la gestión de los sucesivos gobiernos y afirmó que los compromisos asumidos para la regularización del sector minero han sido incumplidos de manera sistemática.
“Los legisladores y otras autoridades de elección popular solo nos visitan en tiempos electorales. Existe una falta de compromiso total de las autoridades locales y nacionales para apoyar al sector que sostiene la economía de Zamora Chinchipe”, manifestó.
Por su parte, el asambleísta Héctor Valladares sostuvo que la información oficial del Ministerio de Energía y Minas evidencia el desinterés estatal por resolver este conflicto, al tiempo que responsabilizó al actual régimen de criminalizar al sector minero mediante el incremento de penas que, según indicó, se derivan de la última consulta popular.
Desde las bases, dirigentes como Oswaldo Matamoros denunciaron lo que calificaron como represión por parte de las fuerzas del orden y exigieron a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional redirigir sus esfuerzos hacia el combate de los grupos de delincuencia organizada que operan en la provincia, en lugar de perseguir a trabajadores mineros.
Como resultado de la asamblea del 23 de enero, el sector resolvió una serie de acciones, entre ellas la denuncia de presuntos abusos ante la Gobernación, el Ministerio de Energía y Minas, la ARCOM y la Defensoría Pública; el impulso de una reforma a la Ley de Minería; la promoción de una consulta popular provincial para definir el modelo de explotación minera; y la exigencia de un nuevo censo minero actualizado.
La Cámara de Minería de Zamora Chinchipe advirtió que, de no instalarse una mesa de diálogo efectiva con la Presidencia de la República y los demás poderes del Estado, se mantendrán y escalarán las medidas de presión en toda la provincia.