Lejos de los centros urbanos y el enfoque mediático, cada vez más zonas rurales mexicanas han caído presas de las silenciosas pero letales minas antipersonales.
En Colombia, las minas terrestres son un fenómeno de larga data. En 2023, las autoridades nacionales registraron 895 incidentes con estos artefactos explosivos, el doble que en el año anterior, de acuerdo con el Monitor de Minas Terrestres 2024. Los casos se atribuyen sobre todo a grupos armados ilegales, como las disidencias de las FARC.
En México, en cambio, se trata de un problema relativamente reciente. Según Victoria Dittmar, investigadora del centro de análisis InSight Crime, se ha registrado un «creciente uso de artefactos explosivos improvisados por grupos criminales» en este país.
«Aunque han sido utilizados durante años», detalla, «desde 2022 ha aumentado significativamente el número de decomisos de bombas caseras, explosivos atados a drones, artefactos detonados a distancia y minas antipersonales».
Zonas disputadas por cárteles
El uso de estas bombas enterradas en el suelo, que detonan al ser pisadas, se concentra en dos zonas del país: el estado de Tamaulipas y la frontera entre los estados de Jalisco y Michoacán, indica Víctor Sánchez Valdés, investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC).
En entrevista con DW, el académico mexicano explica que, por un lado, dos facciones del Cártel del Golfo se disputan el norte de Tamaulipas. Por otro, la región fronteriza entre Jalisco y Michoacán se ha convertido en un campo de batalla donde se enfrentan el Cártel Jalisco Nueva Generación y Cárteles Unidos.
Las organizaciones criminales colocan las minas en los caminos rurales para evitar que convoyes enemigos o militares incursionen en el territorio bajo su control. Sin embargo, también se van multiplicando los casos de trabajadores agrícolas lesionados o muertos por pisar estos artefactos.