Destruir la maquinaria pesada encontrada en los campamentos de minería ilegal es la estrategia de las Fuerzas Armadas para frenar la expansión de esa actividad. Los uniformados enfrentan trabas judiciales para que esos equipos decomisados pasen a manos del Estado.
Para la destrucción de la maquinaria, se aplica el protocolo emitido por la Comisión Especial de Control de la Minería Ilegal, integrada por delegados de la Arcom, militares, policías, jueces, fiscales. Esa comisión autoriza la inhabilitación en casos de actividades extractivas en lugares inaccesibles y cuando la maquinaria no esté operando.
El mismo protocolo establece que la maquinaria debe ser decomisada si el personal de las Fuerzas Armadas puede movilizar para la judicialización del caso.
Según información del Ministerio de Defensa, en lo que va del año se han incautado 239 retroexcavadoras y 31 dragas en actividades de minería ilegal.
Entre septiembre de 2024 y mayo de este año, la Fuerza Terrestre destruyó 183 retroexcavadoras, una vez que endureció la estrategia de combate a los grupos armados vinculados a la minería ilegal, transcurridos dos años desde que el Cosepe declaró a esa actividad como amenaza a la seguridad integral del Estado.
Las operaciones del bloque de seguridad han afectado la economía de los grupos armados vinculados a la minería ilegal en USD 633 millones en 2025. Según el Ministerio de Defensa, los principales blancos han sido Los Lobos, Los Tiguerones, disidencias de las FARC, como los Comandos de la Frontera, que tenían el control de Alto Punino en Orellana.