El Pleno de la Asamblea Nacional, en Quito, aprobó este martes, 19 de agosto, el proyecto de la Ley Orgánica para Garantizar los Derechos y Fomentar el Empoderamiento de las Mujeres Rurales, resaltando su rol fundamental en la producción agrícola, sostenibilidad ambiental, soberanía alimentaria y economía solidaria.
La iniciativa legislativa contempló una serie de beneficios como créditos con tasas de interés preferenciales, educación financiera, capacitación técnica, acceso a conectividad e igualdad de remuneración.
Jaime Estrada, presidente correísta de la Comisión De Garantías Constitucionales, Derechos Humanos, Derechos Colectivos y la Interculturalidad, fue quien lo anunció, además, este organismo encargado de la elaboración del informe que fundamentó el debate legislativo.
Estrada enfatizó que esta ley no es simplemente una recopilación de normas, sino una herramienta para alcanzar justicia social para más de tres millones de mujeres rurales.
Muchas de ellas enfrentan condiciones extremas: una de cada dos vive en pobreza extrema, seis de cada diez ha sido víctima de violencia de género y una de cada cinco no ha podido acceder a la educación debido a barreras sociales que, aseguró, deben ser eliminadas de manera colectiva.
Derechos fundamentales
Señaló que la ley reconoce derechos fundamentales de las mujeres rurales, como el acceso a la tierra, al financiamiento, a la educación, a una vida libre de violencia y a tomar decisiones sobre sus propias vidas, en consonancia con las demandas de sus lideresas. “No piden caridad, exigen herramientas para vivir con dignidad y autonomía”.
Durante la discusión, los parlamentarios coincidieron en que las mujeres rurales en Ecuador enfrentan profundas desigualdades estructurales, múltiples formas de discriminación e interseccionalidad, expresadas en pobreza, falta de servicios básicos, empleos precarios, violencia de género, exclusión de espacios de poder y el desconocimiento de su aporte a la economía, la cultura y el medio ambiente.