La Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos en Ecuador hizo este viernes un llamado a la comunidad internacional a vigilar las consecuencias del recorte de ministerios y despidos de funcionarios realizado por el presidente Daniel Noboa, que interpretan como “una apuesta deliberada por la militarización y el castigo en lugar de una inversión estructural en prevención, reparación, igualdad y justicia socio ambiental”.
Entre los ministerios que dejarán de tener entidad propia y pasarán a fusionarse o a estar dentro de la estructura de otras carteras están los de Mujer y Derechos Humanos; Ambiente, Agua y Transición Ecológica; Cultura y Patrimonio Nacional; Deporte y Turismo.
Para la Alianza, estos recortes de 20 a 14 ministerios y el despido de 5.000 funcionarios, que responden a las metas del Gobierno de reducir el déficit fiscal bajo los parámetros del Fondo Monetario Internacional (FMI), con el que mantiene desde 2024 un programa crediticio por valor de 5.000 millones de dólares, es un “grave retroceso institucional que compromete seriamente el cumplimiento de los derechos humanos, colectivos, de la naturaleza, de las personas y territorios más vulnerables de este país”.
“Más que ahorro burocrático y sentido de eficiencia, significa la pérdida de enfoques y obligaciones diferenciadas, liderazgo político, institucional y técnico, para impulsar agendas públicas que protejan de manera diligente derechos”, señaló en un comunicado este grupo de organizaciones no gubernamentales.
Agregó que “sin una institución autónoma y con rango ministerial, las políticas de género, niñez y adolescencia, juventudes o derechos humanos, colectivos y de la naturaleza quedan invisibilizadas, subordinadas o fragmentadas dentro de estructuras que responden a otras prioridades y que obedecen a interés de sectores privados”.
La Alianza consideró que, “frente a la crisis humanitaria y de violencia estructural que vive el país, lo que se requiere es más inversión en protección social, educación, salud, ambiente y naturaleza sana, interculturalidad, igualdad, justicia y reparación, no una reducción unilateral, acelerada y arbitraria del Estado”.
Ministerios originados en procesos sociales
Asimismo, recordó que algunas de las instituciones públicas que desaparecen como el Ministerio de Ambiente o el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, “tuvieron su origen en el desarrollo de procesos sociales de exigencia y movilización, y en el compromiso de Ecuador de cumplir de buena fe sus obligaciones contenidas en instrumentos internacionales de derechos humanos”.
“Esta decisión no solo debilita la arquitectura institucional encargada de proteger y garantizar derechos, además vacía de contenido político y operativo las políticas públicas que requieren liderazgo específico, enfoque técnico y presupuesto adecuado”, apuntó este frente defensor de derechos humanos.
“Al eliminar ministerios como el de la Mujer, Cultura, Deporte, Ambiente, el Estado se deslinda de su rol rector en áreas fundamentales para la vida de millones de personas, especialmente niñas, mujeres, adolescentes, pueblos y nacionalidades, personas LGBTI+, personas con discapacidad y sectores históricamente excluidos y, en cambio, favorece el rol e intereses de sectores privados”, añadió.
El Ministerio de Ambiente será fusionado con el Ministerio de Energía y Minas, lo que para la Alianza significa “subordinar el ‘controlador’ a los controlados”.
Política penitenciaria de control
También criticó la absorción por parte del Ministerio del Interior del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad (SNAI), la oficina encargada del control y administración de las prisiones, uno de los epicentros de la crisis de violencia sin precedentes que atraviesa el país en la “guerra” que Noboa declaró al crimen organizado.
“Esta decisión desconoce que la gestión penitenciaria debe regirse por un enfoque de rehabilitación, no de control policial”, consideró la Alianza, lo que unido con la eliminación del Ministerio de Deporte y Cultura como entidades propias “imita seriamente la capacidad del Estado para desarrollar políticas públicas orientas a la prevención de la violencia y a la protección de niñas, niños y adolescentes frente al reclutamiento forzado (por parte de bandas criminales)”.